En España, la prostitución no es ilegal. Tampoco es legal, ya que no se considera una actividad laboral. Y esta consideración, que deja en un limbo jurídico a todas las personas que la ejercen, siempre ha sido especialmente polémica.

En abril, la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados se reafirmó en su postura: la prostitución no puede ser regulada porque en el 90% de los casos está ligada a la trata de personas. Pero tampoco podemos negar su existencia. Aunque no hay datos oficiales, las ONG y la Policía Nacional calculan que entre 300.000 y 500.000 mujeres se dedican a esta actividad “no-laboral”. Se estima que entre el 85% y el 95% son extranjeras en situación irregular.

Estas mujeres tienen, por lo tanto, que enfrentarse a un doble problema. Por una parte, trabajan en una actividad sin estatus legal alguno, por lo que no tienen forma de declarar sus ingresos, conseguir un contrato, darse de alta como autónomas o cotizar a la Seguridad Social. Por otra, como ilegales carecen de capacidad para reivindicar sus derechos tanto humanos como laborales. Y como muchas de ellas vienen de la mano de diferentes redes de tráfico, su situación puede llegar a ser muy complicada.

Además, en muchas ocasiones las instituciones no saben qué hacer con ellas. Muchos ayuntamientos se limitan a expulsarlas de las zonas que empiezan a ser demasiado “populares”, como la calle Montera de Madrid. Las ONG piden que se les den alternativas reales al trabajo sexual, que se atiendan sus necesidades, que se tenga en cuenta las condiciones en las que viven en nuestro país y que, al menos, se les permita ejercer la prostitución en condiciones higiénicas y de seguridad aceptables. Las redes que introducen mujeres ilegalmente para ejercer la prostitución cometen, al menos, dos delitos tipificados en nuestro Código Penal: favorecer la inmigración ilegal y practicar el proxenetismo. Las trabajadoras sexuales, sin embargo, no cometen ninguno. Esto significa que no se las puede detener.

Sin embargo, muchas llegan a las dependencias policiales cuando se realiza alguna redada. A partir de ahí, pueden pasar varias cosas. Si la mujer es menor de edad, se la considera víctima de un delito y se la pone bajo la tutela de los servicios sociales. Si es mayor, se le pregunta si ejerce la prostitución de forma voluntaria; en ese caso, el problema se traslada a su situación legal. Si no tiene la documentación en regla, se le abrirá un expediente de expulsión que la devolverá a su país de origen (algo que en algunos casos, como en el de las subsaharianas, no siempre es posible).

En cambio, si la mujer afirma que la han traído a España engañada u obligada para trabajar como prostituta, le ofrecerán la posibilidad de denunciar a los responsables y convertirse en testigo protegida. Si ella accede, la enviarán a un centro de acogida de alguna ONG (hay toda una red nacional que se ocupa de estos casos) hasta que las diligencias se pongan en marcha, y les darán incluso la opción de conseguir un permiso de residencia extraordinario o de volver a su país, si así lo prefieren.

Sin embargo, se estima que sólo una de cada 20 mujeres decide denunciar. ¿Por qué? Porque, naturalmente, no es tan sencillo. Para conseguir el tan ansiado estatus de testigos protegidos, tienen que tener algo que contar. Según la policía, basta con que aporten datos suficientes como para que su relato sea creíble. Pero algunas ONG afirman que las víctimas de tráfico sólo logran protección si proporcionan información suficiente como para que las autoridades puedan llegar a realizar alguna detención. “La responsabilidad de detener a las mafias recae completamente sobre ellas –afirma Concha García, del colectivo de prostitutas Hetaira–. Y nosotras creemos que sólo deben dar esa información en la medida en que quieran o puedan”. Porque, efectivamente, muchas de ellas no pueden aportar demasiados datos. Es frecuente que no sepan en qué ciudad o incluso en qué país están.

“Hace poco –comenta Carlos Botrán, comisario jefe de la Brigada Central de Redes de Inmigración– tuvimos aquí a una búlgara que habían encontrado en la vía pública. Estaba haciendo autoestop y pedía que la llevaran a Sofía. La habían traído a España, la llevaban a la Casa de Campo cada día y luego la recogían. Había logrado escapar, pero no tenía ni idea de dónde estaba”. Ese aislamiento en el que viven, naturalmente, dificulta mucho las posibles denuncias. Es frecuente que no puedan dar ni un solo nombre (y, mucho menos, un nombre real), ya que sólo conocen a la persona que contactó con ellas en sus países de origen.

DEUDAS MILLONARIAS

Además, está el problema de la deuda. No podemos olvidar que estas mujeres han llegado a España a causa de una pobreza extrema en sus países. Eso significa que han tenido que pedir mucho dinero prestado para comprar su billete de avión y el dinero necesario para “acreditar” que entraban en España como turistas. En el mejor de los casos, son los familiares los que les dan este dinero. Pero la mayoría recurre a las mafias. “Ellas no saben cuánto puede llegar a incrementarse su deuda una vez aquí –afirma Botrán–.

Una mujer sudamericana, por un billete que cuesta 1.000 euros, puede tener que pagar hasta 6.000 €. Una nigeriana deberá entre 20.000 € y 40.000 € a los que le han organizado el viaje, y una asiática, 11.000 € o 12.000 €”. Y, naturalmente, tienen que devolver esa cantidad, algo nada fácil si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría tienen cargas familiares (abuelos, hermanos pequeños o hijos) que dependen del dinero que les llegue desde España. Probablemente, todas saben que denunciar a las personas que les han “organizado” el viaje no es la mejor manera de liquidar esa deuda... y mucho menos si tenemos en cuenta que las personas que les han traído aquí suelen saber cuál es su lugar de origen y, en muchas ocasiones, las amenazan con dañar a sus parientes si ellas no se ciñen estrictamente al guión de “Estoy trabajando en esto por libre y por voluntad propia”. La deuda también es una de las razones principales para que continúen en la prostitución (otros trabajos “legales”, por duro que nos suene, proporcionan menos ingresos).

Y aún hay un último motivo. Las inmigrantes ilegales, conocedoras de su situación, no se fían de las instituciones. Algunas, como las sudamericanas, las asocian a corrupción y sobornos; otras, como las subsaharianas, han sufrido tal vez abusos por parte de las autoridades de su país; y las orientales, un sector que está empezando a introducirse en nuestro país, desconfían de todo lo occidental. Además, algunas ONG denuncian que no siempre se respetan los derechos de las mujeres que deciden denunciar a sus proxenetas. “En los juzgados –asegura Rocío Mora, coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP)– se vulnera su seguridad. No se les informa de sus derechos y opciones, se las enfrenta a sus proxenetas, no se procura que se sientan seguras para hablar...”.

CENTROS DE ACOGIDA

Por esta razón, España está a punto de introducir en su legislación el llamado “periodo de reflexión”, ya vigente en muchos países de la UE. Se trata de dar un plazo (de uno a tres meses) a la mujer para que decida si quiere o no denunciar. Durante este tiempo, la mujer residiría en un centro de acogida, donde se atenderían sus necesidades, recibiría asesoramiento legal y podría estar tranquila para reflexionar y tomar una decisión serena, algo que les resulta imposible cuando acaban de salir del mundo de la prostitución. Así lo atestigua Rocío Mora: “Llegan al centro de acogida en estado de shock. Muchas no hablan hasta semanas después. Han perdido su identidad, su autoestima, sus hábitos de higiene... Han vivido muy aisladas, ya que no las dejan salir del club, y han perdido todas sus habilidades sociales....

Algunas, además, son adictas al alcohol o a las drogas y ni siquiera lo saben, porque es el cliente el que les hace consumir y ellas no lo asocian a un hábito voluntario”. Por esta razón, lo primero que hace APRAMP es proporcionarles seguridad, alimentos, descanso y apoyo psicológico. “Yo creo que, si les dieran la opción de estar aquí un tiempo, recuperándose, todas llegarían a denunciar”, asegura Mora. Y, una vez que ellas han dado el paso, tienen un duro camino por delante. Es necesario identificarlas (a menudo les quitan el pasaporte en cuanto llegan a España), regularizar su situación, devolverles la salud y la autoestima, buscarles una salida laboral viable... Un largo proceso que, demasiado a menudo, no tiene final feliz. No es extraño que, meses después de haber dejado la ONG e incluso de haber regresado a sus países, estas mujeres vuelvan a España, víctimas de nuevo de las redes que las trajeron aquí en primer lugar. El peso de la necesidad ha sido demasiado fuerte.

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