El pequeño Nicolás alega problemas psiquiátricos para demostrar que es inimputable

El Juzgado Penal número 16 de Madrid ha decidido aplazar el juicio por calumnias al CNI por parte de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', para realizar un contrainforme a la prueba presentada este mismo miércoles por la defensa en la que sostiene que el acusado es inimputable porque sufre un transtorno megalomaniaco.

Con el visto bueno de la fiscal y del abogado del Estado, Francisco Nicolás ha conseguido que el Juzgado suspenda la vista y autorice un nuevo informe el 7 de febrero, por lo que el juicio se reiniciará a las 9.30 horas del día 15. El acusado ha abandonado el Juzgado junto a su abogada explicando a los medios que no quería hacer declaraciones porque "no se encuentra bien".

El Juzgado de lo Penal número 16 repetía este miércoles el juicio contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias por un delito de calumnias con publicidad contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a quien acusó de pinchar su teléfono de forma ilegal.

El juicio ya se celebró en el Juzgado de lo Penal número 25 en 2016 y el procesado fue condenado a una multa de 4.320 euros. Sin embargo, Francisco Nicolás apeló la resolución a la Audiencia Provincial y la Sección 15 ordenó que la vista tenía que repetirse incorporando la declaración en el plenario, entre otros, del comisario Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

En un giro a su estrategia de defensa mantenida en las diversas causas abiertas contra él, la defensa de Francisco Nicolás ha sostenido este miércoles que un informe médico acredita que sufre un transtorno psiquiátrico que podría explicar sus actuaciones haciéndose pasar por alto cargo del Estado con contactos con el Gobierno, el CNI o la Casa Real.

Tras su detención el 14 de octubre de 2014, un informe forense del Juzgado de instrucción número 24 de Plaza de Castilla observaba que Francisco Nicolás sufría "una florida ideación delirante de tipo megalomaniaco". El joven se embarcó en una batalla jurídica con varios frentes, algunos aún pendientes de resolución, en paralelo a la exposición en los medios de comunicación.

La titular del Juzgado de instrucción 24, Mercedes Pérez Barrios, señaló en su auto de 17 de octubre de 2014 en el que decretó la puesta en libertad que "no acertaba a comprender como un joven de 20 años, con su mera palabrería, pudo acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar de su conducta", ya que se valía de placas policiales y de firmas de autoridades del Estado, además de la elaboración de informes supuestamente oficiales.

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