Uno de cada cuatro españoles se queja del ruido excesivo que soporta. Muchos han decidido plantar cara al problema y ya empiezan a ganar la batalla en los tribunales. Pero, hoy por hoy, la mayoría de los afectados no tiene tanta fortuna. Y es la Administración la responsable de los abusos en más del 50% de los casos, casi siempre por pasividad.

Un barrio entero de San Fernando de Henares (Madrid) se ha trasladado al centro del pueblo, donde el ruido de los aviones que sobrevuelan la localidad es más llevadero. Después de varios años de quejas, los 250 vecinos de Las Castellanas, próximo a Barajas, han conseguido, con el apoyo del Ayuntamiento, que la Asociación Española de Navegación Aérea (AENA), el organismo que gestiona los aeropuertos, les pague las nuevas viviendas. Soportaban ruidos superiores a los 80 decibelios de media, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el límite de exposición no supere los 65 decibelios.

En Barcelona, el Tribunal Supremo ha condenado a dos años de cárcel a un joven que ponía música a todo volumen hasta bien entrada la noche. La Audiencia de Madrid, a su vez, ha dictado una novedosa sentencia: ha ordenado precintar un “piso patera” por el ruido que causaban los inquilinos con sus entradas y salidas.

El INE (Instituto Nacional de Estadística) afirma que uno de cada cuatro españoles se queja del ruido excesivo que soporta. Muchos han decidido plantar cara al problema y ya empiezan a ganar la batalla en los tribunales. Pero, hoy por hoy, la mayoría de los afectados no tiene tanta fortuna.

Es el caso de Alberto Martín. Escolta de profesión, lleva un año de baja por depresión. En 1998 se compró un piso en el madrileño barrio de Las Musas y tuvo la mala suerte de que abrieran un bar justo debajo. Desde entonces, no ha vuelto a dormir y sobrevive a base de ansiolíticos. “No sólo me despiertan a mí –se lamenta–; mi hija pequeña, de año y medio, no puede conciliar el sueño y llora”. Aunque el bar cierra en torno a las12,30, los ruidos se prolongan hasta las dos de la madrugada. Alguna noche ha soportado más de 60 decibelios, muy por encima de los 30 que son el límite óptimo para conciliar el sueño. Tras probarlo todo, Alberto y otro de los vecinos afectados han llevado al dueño del bar y al Ayuntamiento a los tribunales. Han conseguido mejoras sustanciales, pero el nivel medio de ruido que soportan sigue superando los límites permitidos.

El abogado de Alberto es Jorge Pineda, uno de los fundadores de la plataforma Juristas Contra el Ruido. A través de una página web, estos letrados dan asesoramiento gratuito a los afectados y resuelven consultas on line. 

En cuatro años de existencia de la plataforma, Pineda ha respondido a más de 3.000 dudas. “La Administración (la local, principalmente) –afirma– es responsable en más del 50% de los casos; sobre todo, por no ejercer su deber de vigilancia y sanción”.

La pasividad de la Administración, precisamente, es lo que hace que la mayoría de los afectados se sientan impotentes y no denuncien. “Es un error –afirma Pineda–. Siempre hay que denunciar. Si hay pruebas, hasta un 90% de los casos se ganan”.