"Los soldados me agarraron, me llevaron cerca del río y me violaron, eran más de 150. Ese día violaron a más mujeres de la aldea. Quemaron todo. Me amarraron y logré soltarme con la ayuda de mi hija de cinco años. Busqué ayuda. Tenía hambre y miedo, pero nadie nos alojaba". Así comienza su relato Teresa Sic, una de las más de 100.000 víctimas de las violaciones masivas que ocurrieron en Guatemala entre 1960 y 1996.

La guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla, que asoló el país durante 36 años, se saldó con más de 200.000 muertos, en su mayoría indígenas de origen maya. Los crímenes cometidos por el Ejército durante el conflicto están siendo investigados desde 1999 por la Audiencia Nacional española, que tiene abierto el caso como genocidio, pero las más de 100.000 mujeres que fueron violadas piden justicia. Hasta ahora, las torturas contra ellas habían sido consideradas “daños colaterales”. La impunidad de la agresiones ha marcado el presente de una sociedad en la que el feminicidio y las violaciones se han convertido en una práctica habitual.

Un arma contra un pueblo.

España, por primera vez en la historia, dará voz a las mujeres que sufrieron el conflicto más atroz de América Latina. La abogada Almudena Bernabéu –la única española que trabaja casos de justicia universal, en la Audiencia Nacional y EE.UU.–, presentará en Madrid el horror que vivieron estas mujeres como un crimen internacional, de la mano de la ONG Women’s Link WorldWide. Eso supondrá la ampliación de la querella por genocidio contra varios exdirigentes guatemaltecos, entre ellos su expresidente, el general Efraín Ríos Montt, actual congresista.

Como perito intervendrá Patricia Sellers, asesora del Tribunal Penal Internacional, la mujer que logró que la violación fuera declarada arma de guerra en los juicios por los genocidios en la ex Yugoslavia y Ruanda. “La violencia de género ha sido un arma para acabar con una étnia, y eso es genocidio”, dice la abogada, quien señala que la violación, la mutilación, la esclavitud sexual y el feticidio (asesinato de fetos) han sido usados por el Gobierno para exterminar a los mayas. “Días después me llevaron a un destacamento militar –cuenta Teresa–, donde padecí violación por muchos soldados durante 15 días. Solo me dejaban descansar para dormir... Nos dieron sangre de toro para beber y carne cruda para comer”.

El Ejército y los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) mataron a muchas mujeres y a las que no lo hicieron las torturaron para estigmatizarlas. “Si destrozas a las mujeres, te aseguras de que la población queda mermada y, al final, desparece. Es una de las fórmulas más crueles de acabar con un pueblo”, señala Paloma Soria, abogada española de Women’s Link.

Mujeres sin voz. En el departamento de Quiché, al norte de la capital, los verdes campos y los coloridos mercados esconden uno de los secretos más macabros del país. Hemos quedado con algunas de las mujeres que vivieron el genocidio y han decidido acusar a los culpables. “Queremos que el Estado reconozca la verdad. Estamos sin voz, parece que la violación no existió”, dice Feliciana Macario, que lleva más de 20 años en la coordinadora de mujeres viudas por el conflicto.

Hace tres años que la abogada Almudena Bernabéu no se encuentra con las víctimas y es imposible evitar las lágrimas. Han compartido momentos difíciles y están a punto de conseguir su objetivo. Almudena lleva la noticia sobre la ampliación de la querella en la Audiencia Nacional española. María Castro, una de las víctimas, se desmorona al contar cómo, tras declarar en el juicio, su hijo fue asesinado.

Las mujeres hablan del rechazo que sufren por decir la verdad: “Nos señalan, nos insultan, se ríen de nosotras quienes nos violaron”, dicen. La abogada maya que ayuda a Almudena, Patricia Yoj, asegura que incluso “el representante del Programa Nacional de Resarcimiento (el plan que se ocupa de compensar a las víctimas) dijo que no creía en las violaciones”. El rechazo por parte de sus maridos es lo más duro para estas mujeres. “Pueden narrar cómo 30 hombres las violaron sin pestañear –comenta la abogada–, pero se hunden al recordar cómo sus maridos las rechazaron al volver a casa”.

María Castro no quiere recordar, pero sabe que puede salvar vidas con su testimonio: “Los soldados me emboscaron. Llevaba mi niña y se asustó mucho, lloraba y gritaba sin parar. Me tiraron al suelo, no sé cuántos me violaron, porque perdí el conocimiento. Cuando desperté les vi recoger sus armas y marcharse. Mi hija me ayudó cargando a su hermanito, pero lloraba mucho, lo había visto todo”. María regresó a casa como pudo. Al contarle lo ocurrido, su marido dijo que había vuelto viva porque dejó que los soldados abusaran de ella. María Toj no se separa de su nieta. Ella y su lucha la mantienen con vida: “Nos torturaron a mí y a mi hijo. Lo quemaron todo, me dejaron con mi marido muerto y mi dolor. Espero que con nuestra lucha no vuelva a suceder”.

Los tribunales han señalado como uno de los responsables de las masacres al exdictador Ríos Montt, enjuiciado y con un auto de procesamiento dictado en 2006 por la Audiencia Nacional. Está acusado internacionalmente de genocidio, pero Guatemala se niega a extraditarlo. A Feliciana le invade la rabia al hablar de él: “Dijo que no pasó nada, solo fue una limpieza social, como una escoba para coger a la población indígena y tirarla como basura”. Paloma Soria señala que “las violaciones y la tortura se equiparan con el robo del ganado o la quema de la cosecha. Es necesario cambiar esto y que las mujeres dejen de ser invisibles”.

Hoy, el terror no ha desaparecido. Los criminales campan a sus anchas y la violencia continúa. María cuenta cómo, hace unas semanas, “a una mujer la torturaron, la violaron y la quemaron viva aquí al lado”. Las 685 mujeres muertas en 2010 han situado a este país como centro del feminicidio en América, por encima de Ciudad Juárez (México).

Este año se han registrado 120 casos de violación, torturas y muertes a mujeres. “El juicio servirá para abrir un debate sobre el feminicidio, porque la falta de justicia hace que la violencia aumente”, dice Bernabéu. Ahora, solo el 1% de los casos son juzgados en Guatemala. “A veces la justicia universal es la única oportunidad para las víctimas si les falla su propia justicia”, concluye.