En España abundan los ejemplos de pequeñas y medianas empresas que han visto su actividad bloqueada de la noche a la mañana por un ciberataque. Una empresa industrial con menos de cuarenta empleados quedó paralizada durante semanas en pleno verano tras un ataque de ransomware: se bloqueó el acceso a la información y a los programas de la empresa mediante cifrado. Las pérdidas superaron los 95.000 euros. Una cadena de comercios sufrió el robo de cientos de gigas de información confidencial y la amenaza de un rescate cercano a los 800.000 euros. Una clínica dental de la Comunidad de Madrid perdió acceso a todos los expedientes de sus pacientes durante días, viéndose obligada a suspender tratamientos hasta que aceptó pagar un rescate (algo recordemos, poco recomendable). Sigamos. Una plataforma de venta online en Valencia permaneció diez días inoperativa después de que los ciberdelincuentes cifraran sus bases de datos y reclamaran 20.000 euros; la tienda física del negocio terminó cerrando ese mismo verano por la pérdida de clientela. Y una compañía sevillana con 38 empleados sufrió en agosto de 2024 un ataque cuidadosamente preparado que se aprovechó de la ausencia del responsable de IT, que se encontraba de vacaciones, así como de la falta de doble autenticación y de la delegación de permisos en un sustituto sin formación suficiente. Los atacantes exigieron 4,2 bitcoins, más de 220.000 euros al cambio, y lograron paralizar la actividad durante cinco días. El balance fue desolador: 95.000 euros en pérdidas inmediatas, la cancelación de tres contratos valorados en otros 180.000 euros y un sobrecoste de 42.000 euros en recuperación y peritaje.

Estos casos, de sectores tan diversos como la industria, la sanidad, el comercio textil o el comercio electrónico, ilustran hasta qué punto las pymes son hoy un blanco prioritario para los ciberdelincuentes. El ransomware se ha convertido en la amenaza más devastadora: bloquea sistemas completos, exige rescates cada vez más altos y deja tras de sí negocios que tardan semanas en recuperarse o que directamente no logran volver a abrir sus puertas. Los incidentes no son aislados: forman parte de una tendencia creciente que afecta a todo el tejido empresarial.

La respuesta a este desafío requiere tecnología, formación y acompañamiento. En septiembre de 2025, Orange y CEPYME renovaron su acuerdo de colaboración para reforzar la digitalización y la ciberseguridad de las pymes y los autónomos españoles. Este pacto consolida la presencia de Orange en iniciativas como CEPYME500 y el Consejo de Digitalización, además de su colaboración en los Premios CEPYME, que reconocen cada año la contribución de estas empresas al desarrollo económico y social del país. La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, recordó entonces que la digitalización es una condición de supervivencia y competitividad. Por su parte, Joaquín Colino, director general B2B de MASORANGE, subrayó el papel de la compañía como facilitador tecnológico que impulsa la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad empresarial.

Orange ha reforzado en paralelo su catálogo de soluciones avanzadas de ciberseguridad, con un porfolio especialmente diseñado para pequeñas y medianas empresas. Estas herramientas ofrecen protección integral de redes y dispositivos con antivirus gestionados, cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, cifrado de datos, autenticación multifactor y copias de seguridad en la nube. Incorporan además seguridad perimetral para filtrar la información entrante y saliente sin necesidad de instalar software en cada dispositivo y sistemas avanzados de protección frente a ataques de correo electrónico, navegación web y dispositivos móviles o fijos. La propuesta se completa con programas de formación y concienciación de empleados mediante simulaciones de phishing, monitorización continua las 24 horas desde un centro de operaciones especializado en pymes y autónomos, e informes periódicos para detectar vulnerabilidades y reforzar la seguridad en tiempo real.

Estas soluciones, modulables y asequibles —a partir de 125 euros por dispositivo y año—, están adaptadas al tamaño y al sector de cada empresa. La diferencia está en que no se trata solo de software, sino de un servicio integral que acompaña al empresario en cada paso de su transformación digital, garantizando que la seguridad no se quede en una promesa, sino que forme parte activa de su día a día.

La ciberseguridad ya no puede verse como un coste accesorio. Es una inversión estratégica que protege la continuidad del negocio, la reputación y la confianza de clientes y proveedores. Cada día que una vulnerabilidad permanece abierta es un día ganado por los atacantes. En un país donde el 99% del tejido empresarial son pymes, lo que está en juego no son únicamente los servidores de una empresa, sino el futuro de miles de negocios que sostienen la economía española.

Aunque quizá no todo el mundo sea consciente de la amenaza. En 2022 y 2023, los directivos europeos situaban los ciberataques como el principal riesgo para sus empresas, por encima incluso de la inflación o de la escasez de talento. Pero en 2024 descendieron hasta el tercer puesto en el ránking de preocupaciones. La percepción cambió: los ataques parecían menos urgentes. La realidad, sin embargo, va en sentido contrario. El Cyber Readiness Report 2024 de Hiscox confirma que el 67% de las compañías sufrió un aumento de incidentes en el último año y que la media alcanzó los 66 ataques por organización. Más de la mitad reconoció pérdidas económicas por fraudes en pagos y casi dos de cada tres directivos españoles admitieron que un ciberataque tendría un impacto grave en la reputación de su negocio. Menos miedo declarado, pero más golpes recibidos.

Los datos nacionales son aún más contundentes. El Balance de Ciberseguridad 2024 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) contabilizó 97.348 incidentes gestionados en España y más de 31.500 empresas afectadas, un 43% más que en 2023. Cuatro de cada diez incidentes estuvieron vinculados a fraudes online, con más de 21.500 ataques de phishing, 42.000 episodios de malware y 357 secuestros digitales. En total, 65.808 ciudadanos fueron víctimas de algún incidente y 183.851 sistemas vulnerables fueron detectados en el país. El 70% de estos ataques tuvo como objetivo directo a pymes, que constituyen el 99% del tejido productivo español. Y la estadística más dura: el 60% de las pymes que sufren un ataque grave no sobrevive más de seis meses, incapaces de superar las pérdidas financieras y el daño a su reputación.

Una de las debilidades más críticas es la lentitud en la detección. Según IBM Security, las pymes tardan una media de 204 días en identificar una brecha y otros 73 en contenerla. Eso significa nueve meses en los que los atacantes pueden moverse sin obstáculos por los sistemas de una empresa, robando datos, instalando puertas traseras o lanzando nuevas ofensivas. En un caso de ransomware, esa lentitud puede marcar la diferencia entre recuperar la normalidad o hundirse definitivamente. Y, aunque muchas empresas deciden pagar el rescate, hasta el 40% no logra recuperar sus datos, porque los delincuentes nunca cumplen su palabra.

Las consecuencias económicas son abrumadoras. El coste de un ataque en una pyme oscila entre los 30.000 y los 100.000 euros, y el tiempo medio de inactividad de 21 días puede suponer pérdidas cercanas a los 170.000 euros. A ello se suman sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos cuando se ven comprometidos datos personales, que alcanzan hasta el 4% de la facturación anual. El golpe reputacional es, sin embargo, el más difícil de superar. El informe de Hiscox apunta que el 43% de las empresas pierde clientes tras un ciberataque, el 47% sufre dificultades para captar nuevos y el 38% ve dañada su marca por la mala publicidad.

En lo que a prevención se refiere, España se encuentra en una posición delicada. Solo el 40% de las pymes españolas cuenta con políticas activas de seguridad digital, frente al 57% de la media europea y el 75% de los países del norte. Esa brecha explica por qué las pymes españolas figuran sistemáticamente entre las más atacadas y las que más dificultades tienen para recuperarse. A la falta de inversión se suma un factor cultural: la falsa creencia de que una pyme “no interesa a nadie”. La realidad es la contraria: cuanto más vulnerable es una empresa, más rentable resulta atacarla.

La brecha más peligrosa, en realidad, no es tecnológica sino cultural. Mientras los ataques se multiplican, demasiadas pequeñas empresas siguen pensando que pueden esperar, que no son objetivo o que no compensa invertir en prevención. Los datos son claros: seis de cada diez pymes no sobreviven a un ataque grave. Con una media de 204 días para detectar una brecha, lo que está en juego ya no es un simple archivo, ni siquiera un contrato. Lo que está en juego es la supervivencia misma de las empresas y, con ellas, la estabilidad de toda una economía.