La renuncia de la Infanta, en un callejón sin salida

  • No hay un mecanismo que pueda obligar a la Infanta Cristina a renunciar a sus derechos dinásticos, por lo que solo cabe esperar un gesto tardío de ella misma.

La renuncia de la Infanta doña Cristina a sus derechos dinásticos se encuentra atascada en un callejón sin salida. Dicen los juristas que la renuncia es un acto personal, voluntario e irrevocable. Y Zarzuela añade que "es una decisión que le compete sólo a ella".
 
Según estos argumentos, nada se podría hacer más que esperar un tardío gesto de responsabilidad por parte de la propia Infanta. Lo cierto es que la Constitución de 1978 no establece el procedimiento para excluir a una persona de la línea de Sucesión. Sin embargo, la tradición monárquica española sí que había previsto esta posibilidad ya en el siglo XIII, en concreto en las Partidas de Alfonso X el Sabio, según el profesor José Manuel Serrano Alberca, letrado de las Cortes.
 
De hecho, añade, las cinco Constituciones monárquicas anteriores a la actual contemplaban la exclusión de las personas que habían cometido alguna acción indigna o contra el Rey o contra la Reina. La primera, la de 1812, hablaba de la exclusión "de aquellas personas que hayan hecho cosa por la que merezcan perder la Corona".
 
Aunque existían todos esos precedentes históricos, los padres de la Constitución de 1978 no los incluyeron en la nueva Carta Magna, que sí establece el mecanismo para inhabilitar al Rey o para excluir al Príncipe o a la Princesa Herederos si su matrimonio se celebra en contra de la prohibición del Monarca o de las Cortes.
 
Desde algunos sectores creen que esos artículos se podrían aplicar por analogía a la Infanta. Sin embargo, todo ello provocaría un largo debate jurídico y político que sería muy negativo para una España demasiado agobiada por otros problemas más cercanos como la crisis económica, el paro y la corrupción.
 
Desde que estalló el Caso Nóos, la Infanta ha pagado un precio personal muy alto. Fue apartada de cualquier actividad institucional. Ha tenido que hacer tres mudanzas en cuatro años para alejar a sus hijos del bombardeo mediático. Su marido lleva dos años y medio en paro y con pocas esperanzas de encontrar trabajo.
 
La relación con sus padres y hermanos se ha visto afectada por el escándalo judicial. Y, además, ha pasado a la historia como la primera Infanta de España que declaraba en un Juzgado por un supuesto caso de corrupción por el que también ha resultado imputada.
 
Sin embargo, ella sigue aferrada a sus derechos dinásticos sin escuchar a la calle, para la que ya no reúne los requisitos deseables para ocupar un lugar en la línea de Sucesión. La Infanta cree que su renuncia voluntaria podría ser interpretada como un reconocimiento explícito de culpabilidad y quizá siga convencida de que al final se acabará demostrando su inocencia. Sin embargo, a estas alturas, ni siquiera una hipotética sentencia absolutoria repararía el daño que ella y su marido han ocasionado a la Corona.

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