El juez cuestiona a la Fiscalía por no llamar a testificar a Alejandro Sanz

Un juez estadounidense cuestionó hoy a la Fiscalía Estatal de Miami por no pedir al cantante Alejandro Sanz que testifique en el caso de la presunta extorsión que sufrió por parte de dos antiguos empleados. El magistrado Stanford Blake, quien sustituyó en la audiencia de hoy a la juez Cristina Pereyra-Shuminer, preguntó por qué Sanz, siendo una presunta víctima de extorsión, se negaba a declarar en el caso. "Si hubo una extorsión y él es la supuesta víctima, ¿cómo es posible que no se requiera el testimonio del señor Sanz para demostrar que se produjo el delito?", inquirió Blake. "Simplemente porque ustedes (los fiscales) dicen que pueden demostrar el caso sin él, no me parece que es suficiente", apuntó. Los fiscales eliminaron de la lista de testigos al intérprete español, pero desde entonces el abogado de los acusados, Lonnie Richardson, ha tratado de obtener una declaración de Sanz. El cubano-estadounidense Carlos González y Sylvia Helena Alzate, de origen colombiano, quienes siempre acuden a las vistas judiciales vestidos de manera elegante, están acusados un cargo de extorsión por haber pedido dinero a Sanz, presuntamente, para no divulgar asuntos personales del artista. Richardson se quejó de nuevo en la audiencia de que sus intentos de traer a Sanz a declarar han sido infructuosos y destacó que para sus clientes era realmente importante obtener el testimonio del artista. Sanitha Naurayan, una de las fiscales en el caso, replicó que Sanz era una celebridad que no había tenido tiempo de testificar por sus múltiples compromisos artísticos. Sanz está de gira por varias ciudades de España promocionando su producción discográfica "El tren de los momentos", que había suspendido antes del verano por prescripción médica al sufrir de un grave estrés. El juicio contra los dos ex empleados de Alejandro previsto para el 4 de septiembre se ha aplazado cuatro veces porque la defensa aún no logra obtener la declaración jurada del artista. La vista judicial culminó sin que el juez Blake estableciera una fecha para el testimonio del cantante. Alegó que comunicará sus recomendaciones al juez encargado del caso y fijó una nueva audiencia para la próxima semana. Richardson, al finalizar la audiencia, declaró que están tratando de "conseguir que el juez ordene que se cumpla con la orden de comparecencia de Alejandro Sanz". "Hasta el momento, Sanz no se ha sido accesible y nos ha evitado. Llegó el momento de que asuma sus responsabilidades, se presente, nos cuente su lado de la historia y nos permita hacerle preguntas, porque dos personas están enfrentando cargos muy serios y su libertad en está en riesgo", recalcó. Recordó que en Estados Unidos los acusados tienen el derecho de escuchar la versión de la presunta víctima, por lo que ésta debe comparecer ante el tribunal donde se ventila el caso. "No se puede evitar eso, escondiéndote por la izquierda cuando te tocar ir por la derecha", agregó. Al ser preguntado por Efe por qué sus clientes no aceptaron un acuerdo que les ofreció la Fiscalía Estatal, dijo que éstos son inocentes. "¿Te imaginas aceptar un acuerdo cuando no has hecho nada malo?. ¿No te rompería el corazón tener que hacer eso, tener que decir ´sí, lo hice, cuando no lo hiciste. Mis clientes son inocentes", afirmó. La pareja trabajó para el cantante español en su residencia de Miami Beach y en diciembre pasado la policía les arrestó bajo las acusaciones de robo en mayor cuantía y extorsión. Pero la Fiscalía desestimó en mayo pasado los tres cargos de robo en mayor cuantía a los que se enfrentaba sólo González. En cuanto a la supuesta extorsión, en los documentos judiciales se señala que González y Alzate pidieron 500.000 dólares por su silencio. Antes de producirse la detención de los dos ex trabajadores de Sanz, éste reveló en un comunicado la existencia de un hijo extramatrimonial, Alexander Sánchez Rivera, de tres años, cuya madre es la puertorriqueña Valeria Rivera. Sin embargo, en una conversación telefónica entre González y Juan Ramón Ramírez, director corporativo de ALJA, una subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones S.L, del cantante, grabada por las autoridades estadounidenses, el acusado niega en varias ocasiones que haya solicitado dinero. Gónzalez declaró hoy que están a la expectativa de "ver cómo termina todo" y reveló que ya tiene un nuevo trabajo en una compañía que instala alarmas.