Es el delito que más rechazo provoca en cualquier sociedad. La apuesta del presidente francés por la castración química reabre el debate de si es posible rehabilitar a estos agresores sexuales.

En 1989, J. A. Hernández Renes había violado y asesinado a una niña de 12 años en Las Palmas. Fue condenado a 46 años de cárcel. En 2004, con 50 años, violaba a otra niña de 10 años en un pueblo de Madrid. Condenado a 14 años y seis meses de cárcel, dijo en el juicio, celebrado el pasado abril: “Quiero que me castren y me dejen en prisión; soy un peligro público; sé que volveré a reincidir”. En agosto, tras escuchar una sentencia a 20 años de prisión por su último delito de pederastia, Francisco Irusta, de 37 años, casado y con un hijo, dejaba atónito al Tribunal argentino que le juzgaba: “Condénenme a muerte, porque sé que volveré a reincidir”.

Casi al mismo tiempo, en Francia, un hombre condenado tres veces por abusos a menores y que acababa de dejar la prisión, secuestró y violó a un pequeño de cinco años. El agresor llevaba Viagra (para tratar la impotencia sexual), recetado por el médico de la cárcel. ¿Es imposible reeducar a un pederasta? ¿Cómo puede la sociedad proteger a los niños de su acoso? ¿Qué estamos haciendo, especialmente los legisladores, para evitarlo? No parece haber respuestas claras. ¿O quizá sí?

Ante la alarma social desatada por este caso, el presidente francés Nicolás Sarkozy ha anunciado “medidas drásticas por fin” frente a estos agresores, “porque no se puede dejar en libertad a predadores capaces de matar o destrozar la vida de un menor”. Dichas medidas prevén el cumplimiento íntegro de las penas; la evaluación obligatoria antes de su salida de prisión; la creación de un “hospital” para quienes no acepten someterse a rehabilitación, donde deberán estar hasta que los expertos decidan si están “curados”; la “castración química” (administración de fármacos que inhiben el deseo sexual); la obligación de llevar brazaletes electrónicos a la salida de prisión...

Las reacciones al “Plan Sarkozy” no han tardado. El ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado hace unos días en el Senado que el Gobierno estudia crear un órgano central de seguimiento de agresores sexuales, así como endurecer el acceso a la libertad condicional y al tercer grado de estos presos. Por su parte, la comisión de expertos creada por la Generalitat de Catalunya y la Fiscalía para afrontar la reincidencia de violadores que han cumplido la condena ha rechazado la castración química. “Es una desafortunada expresión, porque ni es castración ni es química”, señaló el presidente de la comisión, JoséMaría Mena, ex fiscal jefe. “Además, la intervención corporal como pena es incompatible con la Constitución. El tratamiento hormonal es un elemento más de la terapia voluntaria a la que se puede someter el violador, pero hay que pensar que tiene contraindicaciones sanitarias y jurídico-penales”.

Los delitos sexuales no son un problema físico, sino mental, y las ideas son más difíciles de cambiar que la testosterona”, dicen en la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “Por eso, la llamada castración química no es solución. Ésta pasa por la reeducación de los delincuentes durante su condena. Una vez la cumplan y salgan a la calle, se les puede obligar a llevar un brazalete electrónico u otro control”.

“¿Por qué tanta gente se preocupa de los derechos de los pederastas?”, replican en la Asociación Prodeni (Pro Derechos del Niño y la Niña), expresando el sentir de muchos padres. “¿Qué hay de los derechos de los menores? ¿Nadie va a protegerlos?”. José Luis Calvo, su portavoz, defiende “cualquier medida drástica, incluida la castración química o la obligación de que los reincidentes se sometan a terapia rehabilitadora. Lo que nos parece injusto es que salgan de prisión y puedan moverse con impunidad”. 


PARA SABER MÁS

• Legislación sobre agresiones sexuales a menores. En internet: http://www.interpol.int/Public/Children/Sexual Abuse/NationalLaws/CsaSpain.pdf.

• ACPI (Acción contra la Pornografía Infantil). E-mail: a.acpi@terra.es. Telf.: 91 616 69 17.

• Fed. de Asociaciones para la Prevención del Maltrato en la Infancia. E-mail: secretaria@fapmi.es. Telf.: 91 468 26 62.

• Save the children. www.savethechildren.es.

• Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía contra la Pornografía Infantil. E-mail: denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Telf.: 91 582 27 53.