Francia. La ley del 10 de agosto introduce el tratamiento psiquiátrico tras la salida de la cárcel, vigilancia y medidas de prevención. La del 20 de agosto prevé la creación de hospitales para los más peligrosos y castración química.

Alemania. Desde 1969 se autoriza la castración química a los delincuentes sexuales mayores de 25 años.

Portugal. Es el país que menos sanciona: entre cuatro y 10 años de prisión. No se hacen seguimientos y no existen ficheros con ADN de pedófilos. 

Reino Unido. En 2004, se lanzó la “Sex Offenders Act”, que conlleva un registro de los más peligrosos. El Ministerio del Interior está considerando abrirlo a la población.

Dinamarca. Para los reincidentes, ofrece o 12 años de reclusión mayor o tratamiento químico con liberación anticipada para reincidentes.

Países bajos. Penas de 20 a 30 años de reclusión y prohibición de ejercer actividades en las que participen niños.

Estados Unidos. Además de la prisión, la policía tiene la obligación de registrar y seguir los desplazamientos de los pedófilos. Un banco de datos está a disposición del público.

Canadá. El programa “Clearwater” conjuga tratamiento químico y seguimiento psicológico durante 10 años al menos. Si hay riesgo de reincidencia son enviados a centros psiquiátricos.

LAS PROPUESTAS DE FRANCIA

CASTRACIÓN QUÍMICA
La propuesta del presidente francés consiste en inyectar al varón el fármaco Depo Provera, que bloquea la producción de testosterona en los testículos, disminuye la intensidad y frecuencia de los impulsos sexuales, impide el flujo de sangre al pene, evita la erección e imposibilita el orgasmo y la eyaculación. Al interrumpir el tratamiento, el deseo sexual reaparece. Entre los efectos no deseables en varones está el desarrollo de características femeninas. Mientras varios estudios otorgan eficacia a la castración química para prevenir reincidencias, muchos expertos señalan que la medida, por sí sola, no aborda debidamente el problema y exige que el agresor sexual se medique de por vida, algo difícil de garantizar. Por otro lado, los tratamientos rehabilitadores que se inician en la prisión con buenos resultados, resultan a menudo inútiles al ser interrumpidos al poner en libertad al preso.

BRAZALETES DISUASORIOS
En su política de liberación de reclusos peligrosos (violadores, pedófilos...), la legislación francesa les propone ahora llevar una pulsera electrónica que permita su control continuo gracias a un dispositivo de GPS, semejante al que se utiliza en los automóviles. Este sistema se usa en nuestro país para maltratadores. Adosado al tobillo y conectado con un emisor GPS –que puede sujetarse al cinturón–, el delincuente en libertad debe llevar el brazalete durante dos años. Si vulnera los horarios, sale del perímetro fijado o se acerca a zonas de exclusión, una alarma alerta al agente de vigilancia, que puede enviarle un SMS de advertencia o mandar a la policía. Si no cumple, puede ser castigado con dos años de prisión.