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Este pasado fin de semana, una mujer dio el primer paso de la ofensiva nacional que ha movilizado al sistema judicial estadounidense contra la decisión de Trump de vetar la entrada al país de musulmanes procedentes de Siria, Irán, Yemen, Libia, Sudán, Somalia e Irak. Se llama Ann M. Donnelly, tiene 57 años y es una jueza federal del distrito de Brooklyn (Nueva York) que ha impedido que los viajeros retenidos en los aeropuertos sean deportados a sus países de origen para evitar “un daño irreparable”.
Suya es la firma que da alas judiciales a una demanda interpuesta por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado viernes, cuya constitucionalidad pone en duda. Según ACLU, entre 100 y 200 personas han sido detenidas a su llegada a aeropuertos de EEUU desde que Trump firmara la orden este viernes, una semana después de su investidura, si bien el Gobierno no ha confirmado esas cifras.
Sus amigos la definen como una persona astuta que no se deja intimidar pese a estar en el ojo del huracán. Antes de trabajar en el juzgado federal de Brooklyn, lo hizo durante muchos años (1984-2009) en la oficina del fiscal de Manhattan, donde tuvo un papel destacado en el procesamiento de Dennis Kozlowski, exconsejero delegado de Tyco International, condenado por apropiarse de 81 millones de dólares en forma de bonus.
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