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Corrupción en Chipiona: los motivos por los que aún no se ha abierto el museo de Rocío Jurado

Desvelamos todos los detalles del desvío de fondos que sería el motivo por el que Rocío Carrasco se habría opuesto a la apertura del museo.

Pilar Vidal
PILAR VIDAL

Isabel Jurado, llegó al Ayuntamiento de Chipiona en 2011 y, de las primeras cosas que hizo, fue solicitar una auditoría externa para conocer qué había ocurrido con las naves y con la subvención destinada, supuestamente, para construir el museo.

La primera irregularidad demostrada es que la subvención que solicitaron al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Industria, fue para llevar a cabo la construcción y adecuación de zonas para el impulso agrícola de Chipiona y no para el museo de Rocío Jurado. En esos momentos, el Ayuntamiento no estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y trasladó a su empresa pública CAIPIONI, encargada de la gestión municipal, que se hiciera cargo.

En esa cesión del consistorio a la empresa pública se cometió otra irregularidad, ya que este proceso se tenía que haber hecho a través de una encomienda en pleno, y no de un escrito, que es como se hizo.

Pero el gobierno del PSOE, entonces con Manolo García como alcalde, contrató a otra empresa dentro de la pública para que llevara a cabo el proyecto. Y esta, a su vez, a una tercera subcontrata, Área III. A través de esta última, se pagaban los servicios de Amador Mohedano como mediador familiar.

Se gastó más en mobiliario que en construcción"

isabel jurado - Alcaldesa de Chipiona

La actual alcadesa, Isabel Jurado, asegura ahora que, de esa auditoría, se desprendieron muchas irregularidades: "Pagos con facturas realizados antes de la recepción de la obra. Se gastó más en mobiliario que en construcción. Se pasaron facturas de objetos a los que se les había cuadruplicado el valor O en proyectos arquitectónicos, donde se llegaron a gastar 137.000 euros".

Todas las irregularidades

Tal fue la malversación de las subvenciones públicas, que quedaron 1.700.000 euros por justificar su destino. El montante, con intereses de demora incluidos, asciende a cinco millones y medio de euros. Una cuantía que, ahora, el consistorio chipionero está devolviendo al Gobierno a razón de 24.000 euros al mes.

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