Reyes sin corona
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En diciembre del año pasado conocíamos la noticia de que el príncipe Pablo, su esposa Marie-Chantal Miller y sus hijos, miembros todos ellos de la familia real griega, habían solicitado la ciudadanía helena tras reconocer formalmente el sistema republicano de gobierno del país. Se trataba de todo un hecho histórico, medio siglo después de la abolición de la monarquía.
El difunto rey Constantino II y los miembros de su familia fueron despojados de la ciudadanía griega en 1994, en una disputa con el gobierno por las propiedades que habían pertenecido a la realeza y por las alegaciones de que se negó a renunciar a cualquier derecho al trono griego para sus descendientes.
Finalmente, el ejecutivo heleno anunciaba que se le había concedido la nacionalidad al príncipe Pablo y a su familia y que estos adoptarían el nuevo apellido 'de Grèce', francés para 'de Grecia'. Esto suponía un nuevo acercamiento de la familia real a sus raíces, después de que el primogénito de Constantino II asegurase en su funeral que «como nos enseñaste padre, nosotros tus hijos y nietos nos ofrecemos y ofreceremos por siempre a la patria y a Grecia».
Pero la alegría por esta decisión, que abría las puertas a la posibilidad de un retorno a Atenas del heredero al trono, está ahora ensombrecida por las acciones legales de un profesor universitario. ¿La razón? El uso de su nuevo apellido por parte de los royals helenos, que atentaría contra la Constitución del país.
Una ciudadanía «inconstitucional e ilegal»
Panagiotis Lazaratos, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Atenas, ha llevado a la familia real griega hasta el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo del país. Su pretensión es despojarles del apellido y la nacionalidad griega, alegando que ambos fueron concedidos de forma inconstitucional e ilegal.
En su petición, Lazaratos afirma que el uso del apellido de Grèce por parte del príncipe Pablo y de su familia socava el principio de soberanía popular. «Mi interés jurídico radica en el hecho de que las personas que poseen ilegalmente la ciudadanía griega debido a un apellido ilegal están inscritas en los registros municipales de Atenas y, en consecuencia, en los censos electorales», ha asegurado. También añadió que esta circunstancia les permite participar como votantes, influyendo potencialmente en el resultado de las elecciones y «distorsionando así el proceso democrático».
Lazaratos basa su caso en una ley de 1994 que establece tres condiciones acumulativas para conceder la ciudadanía griega a los miembros de la antigua familia real, descendiente de Constantino Glücksburg. La primera es una declaración inequívoca de respeto a la Constitución, la aceptación de la república y el reconocimiento del referéndum de 1974 que abolió la monarquía. Luego vendría una renuncia explícita e incondicional a cargos o títulos políticos pasados. Y finalmente, la inscripción en los registros con todos los datos de identidad exigidos por la ley. Y según el profesor, estas condiciones no se han cumplido, lo que invalida la ciudadanía y el apellido de la antigua familia real.
Los problemas crecen para la familia real griega
El profesor Lazaratos invoca también el artículo 4 de la Constitución griega, que prohíbe los títulos nobiliarios o de distinción que puedan implicar un sentimiento de superioridad o un posible renacimiento de las ambiciones monárquicas, «para salvaguardar la soberanía popular, garantizando que ni el rey depuesto ni sus descendientes puedan amenazar el orden democrático»,
Pese a que el príncipe Pablo ha asegurado en numerosas ocasiones que no tiene pretensiones monárquicas a la hora de reclamar el trono, sus palabras parecen no ser suficientes para el profesor de Derecho. Este sostiene que, desde la abolición de la monarquía, ni el antiguo rey ni sus descendientes deberían poder utilizar un apellido como de Grèce, «que significa la autoridad que una vez tuvieron y perdieron».
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Este espinoso caso ha desatado el debate en Grecia, un país con una compleja historia en relación con su monarquía, abolida definitivamente en 1974 tras un referéndum. La sentencia del Consejo de Estado podría sentar un precedente importante en relación con el estatuto jurídico de la antigua familia real, que vive en el exilio desde hace décadas, pero mantiene vínculos con su herencia griega.
Antes de conocer la decisión definitiva a esta demanda, previsiblemente a finales de este mes, el príncipe Pablo se mantiene tranquilo. «La ciudadanía es un asunto del Gobierno, no nos concierne. Es algo que abordará el Consejo de Estado y veremos cuál es su respuesta», ha asegurado a la prensa helena.
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